"Trilerismo parlamentario" y tortura institucional: el Sindicato de Inquilinas disecciona los nuevos decretos de vivienda

La publicación fragmentada de la nueva normativa de vivienda ha despertado el recelo entre los colectivos por el derecho a un techo. Alejandra Jacinto, abogada del Sindicato de Inquilinas y de CAES, advierte de la "letra pequeña" y la insuficiencia de unos decretos que, si bien recogen ciertas demandas sociales, omiten medidas estructurales de urgencia. En una reciente entrevista con Carolina Iglesias, la jurista ha denunciado la inacción de las administraciones ante una crisis que suma más de un millón de desahucios en la última década.

El espejismo de los decretos y el "trilerismo" político

La decisión del Gobierno de dividir las medidas en dos textos legislativos —bautizados popularmente como decreto "Mari" y "Carmen"— ha generado desconfianza en el equipo jurídico del Sindicato. Jacinto califica esta maniobra de "trilerismo parlamentario", sospechando que el objetivo es dejar caer en el Congreso el texto más ambicioso. Este segundo decreto aborda el corazón del problema: la renovación automática de los contratos.

Para la abogada, el contrato indefinido es "la mejor vacuna contra la especulación", ya que impide la expulsión de inquilinos mediante burofax por el simple hecho de haber dejado de ser rentables para el casero. Además, los colectivos denuncian que las medidas actuales nacen cojas al no incluir mínimos históricos: la suspensión real de desahucios sin alternativa habitacional, la prohibición de compras especulativas y la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para frenar el fraude masivo de los alquileres de temporada y por habitaciones.

Quince años de crisis y "tortura institucional"

El mediático caso de Maricarmen ha funcionado como detonante social, pero los desahucios son el pan de cada día en España desde 2012. Según cifras de Amnistía Internacional y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el país acumula más de un millón de lanzamientos en la última década. La dinámica ha mutado: de las ejecuciones hipotecarias masivas se ha pasado a los desahucios silenciosos por alquiler, impulsados por fondos buitre y rentistas de todo tamaño. Solo en su despacho, Jacinto atiende una media de entre 5 y 10 casos diarios.

La respuesta institucional a este goteo incesante se reduce a parches temporales —aplazamientos de un mes por "razones humanitarias"— que Jacinto define como una "violencia institucional supina" y una "tortura". La ineficacia del sistema es flagrante a nivel internacional; España acumula más de una decena de condenas por parte de Naciones Unidas por ejecutar desahucios sin garantizar un alojamiento alternativo.

La barrera del lenguaje y la lotería judicial

A la vulnerabilidad económica se suma la barrera de un sistema judicial opaco. La jurista subraya la desconexión entre el lenguaje legal y la mayoría social. "A nosotros, incluso siendo juristas, muchas veces nos cuesta y se puede interpretar una cosa o la contraria", señala Jacinto, alertando de que el destino de una familia depende con frecuencia de la interpretación subjetiva del juez de turno. Democratizar el lenguaje jurídico se plantea como uno de los grandes retos para la defensa ciudadana.

La calle como única garantía

Frente al fracaso coordinado de administraciones, jueces y fuerzas de seguridad, la abogada concluye que solo la movilización y la organización popular han demostrado ser eficaces. La recuperación del piso de Maricarmen no es un triunfo del sistema, sino de la presión vecinal.

Aunque los decretos actuales se consideren insuficientes, desde el Sindicato de Inquilinas los reconocen como pequeñas victorias arrancadas gracias a la movilización ciudadana. El objetivo final, insisten, sigue intacto: forzar un cambio de paradigma hasta que la vivienda deje de ser un activo financiero y se consolide, en la práctica y no solo en el papel, como un derecho fundamental.